Un nuevo Perú bajo el sol

Salvador Martí i Puig
Profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca
‘Yo voté por Fujimori cuando se presentó para la reelección…” me cuenta un taxista sin rubor alguno mientras deambulamos por las populosas calles del barrio del Callao de Lima. Es mi primera vez en el Perú. En esas circunstancias, uno sólo tiene que hacer tres cosas: asentir, mantener los ojos abiertos y, sobre todo, escuchar. Sólo así es posible ir entendiendo la realidad que se tiene enfrente, pasando por encima de los prejuicios que distorsionan la mirada. Eran los inicios de 2002 y el país se presentaba ante mí, visitante ocasional dedicado a impartir unos cursos universitarios durante unas pocas semanas, como un mundo extraordinariamente complejo. Cuanto más tiempo vive uno en una sociedad como ésta, menos capacitado se siente para hablar de ella. Es algo que sucede con la mayoría de sociedades latinoamericanas. Sin embargo, mi estancia en Perú fue suficientemente corta como para que me atreva a hacer algunas reflexiones.

YO VOTÉ POR FUJIMORI
En el Perú, lo primero que uno percibe al hablar con la gente, con independencia de su condición social y de su sensibilidad, es la amplia legitimidad y apoyo que llegó a gozar el régimen que construyó Alberto Fujimori, el chino. Lo cierto es que, a lo largo de una década, Fujimori transformó el Perú. Nadie lo niega. El Perú de 1990 tiene poco que ver con el país que visité doce años más tarde. Y así lo rubrica todo el mundo cuando, al terminar una frase, dice “antes era diferente”, “antes no había”. En el Perú anterior a la década de los noventa no había grandes gasolineras, coches japoneses, microbuses, carteles publicitarios luminosos ni malls, esos colosos centros comerciales en los que se puede comprar cualquier artículo de importación “como si uno estuviera en Miami”, según me confesaba la mujer de un profesor de la Universidad de Lima.
Pero con la inesperada llegada del chino a la Jefatura del Estado de esta nación andina no sólo cambió la oferta y la envergadura del mundo comercial. Con el vuelco electoral de 1990 y el fracaso de la arrogante candidatura del escritor Mario Vargas Llosa, se transformaron muchas otras cosas, aunque quizás no tan explícitamente como esa apertura económica que invadió todos los mercaditos del Perú con artículos chinos, japoneses y gringos, en detrimento de la producción nacional. Otra de las cosas que dieron un vuelco durante el llamado “fujimorato” fue el paisaje partidario, las instituciones y el rol de las fuerzas armadas. El desprestigio de “lo político” y el derrumbe del sistema de partidos peruano fue tal que uno de los analistas más incisivos del país, Carlos Iván Degrégori, no dudó en definir la década de los noventa como la de la “antipolítica”. El descrédito y quiebra de formaciones políticas tan enraizadas como el APRA, la posterior disolución forzada de la Asamblea Nacional, la continua apelación a “lo técnico” en los discursos del poder, o la compra y manipulación de los medios de comunicación de masas terminaron por hacer del Perú un “país de las maravillas”, donde parecía tomar cuerpo el fin de la política.
¿Qué sucedió con las instituciones? Es difícil encontrar durante la década de los noventa algún gobierno que despreciara de forma tan explícita las instituciones representativas. No en vano el régimen peruano inspiró al politólogo Guillermo O’Donnell a la hora de acuñar el gráfico término de “democracia delegativa”. En este sentido, es posible afirmar que el “fujimorismo” tuvo mucho de “bonapartismo”. Sólo desde esta perspectiva se puede comprender el continuo desdén y la compra –metódicamente registrada en vídeo– de los miembros del poder legislativo. O la absoluta dependencia del poder judicial respecto del gobierno, o la penetración del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), dirigido por el siniestro Vladimiro Montesinos, en todas y cada una de las actividades de la República.
Más allá de la perversión y putrefacción del andamiaje institucional, en el Perú floreció la práctica, tan extendida en todo el subcontinente durante los noventa, de pagar “megasueldos” a los representantes públicos y a los jerarcas del poder político. Con esto cada vez eran más escandalosos y más visibles los abismos que separan los ciudadanos de a pie y los que utiliza coche oficial. Cuando la relación entre el salario de un maestro y el de un diputado es de uno a 50 es inevitable hacerse algunas preguntas. Preguntas como por ejemplo ésta: ¿es posible compartir intereses, lealtades y valores entre el universo que configura el mundo de lo cotidiano y el mundo de las instituciones? La respuesta es fácil: no es posible. Quizás por esto en el Perú funcionaba mejor la identificación con un caudillo que imponía “orden y paz” que con la “clase política”, alejada y sospechosa de corrupción. Parecía más fácil predicar lealtad a Fujimori que a unas instituciones distantes y ajenas.

GIGANTE CON PIES DE BARRO
Alberto Adrianzén es abogado y profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Barbudo y algo canoso, con pinta de bonachón, me recibió en el café Haití, en el centro urbano de Miraflores. Me interesaba sobremanera hablar con él: todos mis contactos, la mayoría de ellos activistas de ONG para el desarrollo y para los derechos humanos, me lo habían aconsejado vivamente.
Adrianzén había estado metido en política desde muy joven, como muchos de sus colegas de generación. En los últimos años de Fujimori fue uno de los asesores de la bancada parlamentaria de la oposición y después de las fraudulentas elecciones del 9 de abril de 2000, que dieron por tercera vez el mandato al Chino, fue uno de los responsables legales de la multitudinaria manifestación de los “Cuatro Suyos”. La manifestación tuvo como colofón un supuesto accidente: el incendio del Banco Nacional, en el que murieron cinco funcionarios. Pocos días después, los tribunales imputaron a Adrianzén como responsable de lo acontecido y le citaron a declarar. Pesaba sobre él una acusación de homicidio. Los responsables de la marcha interpusieron un recurso según el cual los incidentes del Banco Nacional habían sido provocados por la propia policía. El recurso acusaba de lo acaecido a las autoridades fujimoristas y defendía la inocencia del imputado. Tal y como se esclareció posteriormente, el accidente había sido, efectivamente, una obra más de los agentes del SIM.
En esos días de incertidumbre y agitación nadie hubiera sospechado que el régimen de Fujimori, sólidamente asentado durante una década, se derrumbaría como un castillo de naipes. Sin embargo, de un día para otro, la trama institucional cuidadosamente zurcida por el hermético mandatario se evaporó de una forma casi valleinclanesca. Todos lo recordamos: Fujimori estaba de visita protocolaria en Japón y, repentinamente, decidió no regresar al país del que era presidente porque en las televisiones aparecía una retahíla de vídeos donde se podía observar al asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, comprando metódicamente el voto de los congresistas necesarios para confeccionar la mayoría parlamentaria.
A consecuencia del derrumbe, cambiaron súbitamente los roles: los perseguidores se convirtieron en fugitivos y los imputados en autoridades. En esa rocambolesca situación, Alberto Adrianzén pasó de “sospechoso” a asesor del accidental presidente del Congreso, Vicente Paniagua. Pero el asunto no acabó ahí: con la investidura de Paniagua como presidente de la República del Perú para dirigir el período de tránsito que debía culminar con las elecciones del 2001, Adrianzén se convirtió en “el hombre de confianza” del presidente. Nueve meses duró ese cometido. Un período, según Adrianzén, demasiado largo para ser un gabinete técnico y demasiado corto como para llevar a cabo un proyecto político. Con todo, las tareas realizadas por ese ejecutivo supuestamente “técnico” fueron de una gran trascendencia para el Perú: se inició una depuración de las Fuerzas Armadas; se revisaron e hicieron públicos los presupuestos de todos los ministerios, colgando incluso la contabilidad de los mismos en sus páginas web; se prepararon las siguientes elecciones legislativas y presidenciales, y se creó una Comisión de la Verdad con el mandato de hacer un informe sobre las violaciones de los derechos humanos y sobre sus responsables, desde la década de los ochenta hasta el año 2000.
Así las cosas, la vida de Adrianzén cambió de un día para otro. “Como en una novela del realismo mágico” sugería yo. “Más o menos…”, contestó él. Y describió la vorágine de su agenda durante los meses en que fue sombra y conciencia de Vicente Paniagua. Le pregunté cuáles habían sido las decisiones más difíciles de ese período. “Dos”, puntualizó. Primero, convencer al presidente de que era necesario nombrar una Comisión de la Verdad con un mandato definido y vinculante que extendiera su actividad a dos décadas (19802000), y segundo, la destitución por dos veces consecutivas de la cúpula militar. “¿Dos veces consecutivas?” pregunté. “Sí, dos veces” respondió, y me aclaró el porqué. A la par que el nuevo gobierno intentaba reconstruir las instituciones y depurar responsabilidades iban apareciendo sin control alguno los “vladivídeos”, esos vídeos que exhibían hechos y conductas de determinados cargos y personalidades que obligaban a replantear las decisiones ya tomadas. Una vez se exhibió –y nunca mejor dicho– la corrupción desbordante que reinaba en el régimen fujimorista, o que se desplomó como un gigante con pies de barro.

CIUDADANOS, ¿PARA CUÁNDO?
Con todo, en la realidad peruana de inicios del nuevo siglo también se han producido fenómenos sociales portadores de esperanza y creatividad, sobre todo en el ámbito de la ciudadanía. Recobrados los derechos civiles a partir del gobierno de transición liderado por Vicente Paniagua, emergieron en el país una galaxia de movimientos sociales y formaciones políticas que hasta aquel momento habían permanecido latentes y con muy poca visibilidad. Se puede decir que la vida política, desde finales del año 2000, fue bastante más allá de la celebración de elecciones limpias y de la reconstrucción de instituciones representativas. Es más: desde principios de los noventa, para los ciudadanos de este país, ciertas organizaciones sociales como las ONG, las organizaciones eclesiales y la prensa independiente gozaban de mayor confianza que ninguna otra institución. Según los datos del Latinobarómetro de 1997, las organizaciones sociales inspiraban un grado medio de confianza del 47 por ciento, frente al 18 por ciento de confianza que inspiraban las instituciones políticas tradicionales.
A pesar de ello, el rechazo de las instituciones y de los partidos políticos no ha supuesto el desprestigio del “sistema democrático”. Al contrario: el 63 por ciento de los ciudadanos preferían un sistema democrático frente al 31 por ciento que decían preferir uno autoritario. Sin embargo, en el breve interín que va desde la caída de Fujumori hasta los inicios del 2002, todas las encuestas de opinión arrojaban un creciente descontento respecto a la gestión del nuevo ejecutivo liderado por el actual presidente Alejandro Toledo.
Las razones de esta aparente paradoja entre el apoyo a la demoracia como sistema político y el descontento hacia los rendimientos que por ahora genera la democracia real que existe en el Perú habría que encontrarlas, seguramente, en el creciente y gradual deterioro de la vida cotidiana de grandes sectores de la población. Esta creciente dificultad para resolver los “problemas de supervivencia” y para “salir adelante”, la profunda crisis económica de los noventa, los despidos masivos de empleados públicos y los drásticos recortes de los servicios sociales han hecho comprender que las decisiones tomadas en la esfera pública pueden irrumpir con fuerza en el ámbito de lo doméstico. Esto es lo que explica la activación autónoma de actores y organizaciones sociales que, hasta entonces, se habían expresado de forma subordinada o la irrupción en la vida pública de ciudadanos que, hasta aquel momento, se habían mantenido encerrados en su esfera privada. Una inaudita irrupción de la esfera privada en la esfera pública.
Esta “politización” de los actores sociales, que se observa fácilmente paseando por Lima, ha implicado una urgente redefinición de las relaciones entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado. Ciertos sujetos sociales han conseguido una renovada capacidad de expresión. Se trata de actores agrupados en torno a identidades sociales básicas, como los movimientos de mujeres, de jóvenes, de indígenas, o intereses específicos, como las redes ecologistas, de derechos humanos o ambientalistas, o a necesidades elementales que es preciso satisfacer, como las asociaciones comunales o de pobladores, las agrupaciones de deplazados y desmovilizados, o las ollas comunales.
No es exagerado afirmar que una de las características más relevantes de esta década que empieza en el Perú es la progresiva recuperación, aunque no definitiva ni completa, por parte de muchos habitantes del sentimiento de ser “ciudadanos de pleno derecho”. Una recuperación fruto de una alambicada lucha, una lucha tenaz que se ha librado gracias a la supervivencia de un “imaginario” que visualiza un mundo mejor y más justo, que hace persistir la esperanza de crear un país donde todo el mundo tenga un lugar bajo el sol.
Quizás este pertinaz esfuerzo sea el ejemplo al que remitir a los habitantes de nuestra Europa, tan dada en estas fechas a la desmitificación. Desmitificación que ha llegado, a menudo, al extremo de romper todos los espejos en los que nos miramos para intentar un mundo mejor. Sin embargo, retomando una metáfora de Francisco Fernández Buey, cuando presuntamente hemos roto todos los espejos, al final siempre acaba salvándose uno: el de la mala del cuento de Blancanieves, el del “espejito, espejito” que nos repite que somos los más guapos y los más hermosos, puesto que somos nosotros quienes elegimos sus palabras. Es sintomático que en una época que dice romper todos los espejos, acabe muchas veces anclada en el narcisismo infantil de las sociedades materialmente satisfechas. Por fortuna, en el subcontinente latinoamericano aún quedan muchos espejos donde proyectar el futuro. Un futuro donde tengan cabida los centenares de miles ciudadanos hoy excluidos de los supuestos beneficios que nos procura la reluciente globalización.

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