El Estado «contra» las Autonomías

Manuel Ballbé (Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona)
El federalismo no puede ser mitificado puesto que hay sistemas federales modélicos y en cambio otros, como el mexicano o el argentino, nefastos. El peligro para España es, como está ocurriendo con el Estado de las Autonomías, lo que ya denunciaba Tocqueville en 1830, que no se pueden copiar unas instituciones pluralistas sin transponer el espíritu y los valores que las vivifican y que dan sentido a este sistema plural y a la vez integrador. Esta fórmula se concreta en la máxima del federalismo norteamericano –y ahora consignado también en el proyecto constitucional europeo– e pluribus unum [a partir de muchos, uno].
El Estado de las Autonomías sigue careciendo de este principio y de estos valores esenciales del Estado compuesto. La larga tradición centralista española hace que después de 25 años se pueda concluir que en lugar de construir el Estado “de las” Autonomías hemos reconstruido el Estado “contra” las Autonomías, sobre todo contra las nacionalidades históricas. Y ello, hasta el punto de que sectores democráticos mantienen la dialéctica aberrante de distinguir entre constitucionalistas y nacionalistas. La esencia del federalismo, así como de nuestra propia Constitución, es la voluntad integradora y no la institucionalización de mecanismos sutiles de exclusión. Baste citar el artículo 2 de la Carta Magna para comprobar esta afirmación: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran…”.
Cabe decir que a este precepto últimamente se le pone un punto y aparte después del primer párrafo, donde ni tan siquiera hay un punto y seguido. Y es que las nacionalidades “integran” y deben integrar la España constitucional y, por tanto, el Estado. Sin embargo, la mecánica que se ha empleado estos años es justamente la contraria: se ha desarrollado un proceso centrífugo de descentralización de competencias pero no se ha equilibrado con un proceso centrípeto de configuración de las instituciones centrales y del Estado en las que participen y se integren verdaderamente las diferentes nacionalidades. Esta es la gran diferencia que nos separa del modelo alemán o de la compound republic norteamericana. En los dos casos el Estado y los poderes centrales ubicados en Berlín o en Washington, tienen una permanente representación e implicación de los poderes territoriales. Las regiones alemanas nombran a un representante en los Tribunales Supremos, en el Banco Central y en otros poderes centrales para que no sean meras instituciones centrales y degeneren en centralistas, sino que sean auténticas instituciones nacionales integradoras, y representen permanentemente a las regiones por muy periféricas que sean. En la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana, denominada de la “soberanía dual”, se proclama que los 50 Estados son y deben ser “participantes conjuntos” del poder federal ubicado en Washington así como de las políticas nacionales. Un ejemplo de ello es que incluso la mitad del Ejército norteamericano está compuesto por las 50 Guardias Nacionales de cada Estado.
No hay una dinámica de enfrentamiento centro-​periferia típica del centralismo, puesto que el centro está compuesto por la periferia y ésta es el centro, incluso geográfico de muchas instituciones del Estado. Por ejemplo, en Alemania, el Bundesbank está en Frankfurt, el Tribunal Constitucional en Karlsruhe. Lo mismo ocurre con la solidaridad interterritorial. En España el centro se arroga el espíritu solidario y menosprecia a las comunidades autónomas, que son las que pagan, y por tanto son las más solidarias. En el caso alemán, la nueva doctrina del “federalismo competitivo solidario” parte de un principio esencial de integración para que el centro no se beneficie de atizar el fuego entre comunidades autónomas. En efecto, en el proceso de unificación alemana, los protagonistas y artífices de la integración de las comunidades del Este ya fueron los Länder (comunidades autónomas) del Oeste. Son pues las comunidades autónomas las que financian la solidaridad y las que deben participar directamente en este proceso y no ser sustituidas por una burocracia centralista y arrogante que excluye deliberadamente el protagonismo directo de las comunidades más solidarias. Recordemos que este es el espíritu del artículo 2 de la Constitución, vertebrador de todo el sistema, cuando proclama solidaridad “entre todas ellas”, y no “sobre” ni “contra” ellas. El respeto, el reconocimiento y la implicación constante en los poderes nacionales son, pues, la base de un Estado integrador.

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