Ya estamos federados

J. A. González Casanova (Catedrático de Derecho Constitucional)
La propuesta del PSOE de reformar la Constitución para que el Senado se transforme en cámara representativa de las comunidades autónomas y en ella participen de la política general del Estado, amén de debatir y resolver sus problemas comunes, se ha presentado como un proyecto federalista, compartido por el presidente Maragall, máximo impulsor del mismo. Muchos se preguntan si tal reforma implica un cambio profundo en el sistema autonómico establecido constitucionalmente y en la propia forma del Estado, que pasaría a engrosar el multivariado mapa de los países federales (Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica o México). Otros, por vincular el federalismo a un régimen republicano, lo ven incompatible con la monarquía española, pese al ejemplo belga, que niega tal incompatibilidad.
Por otro lado, la vieja tradición de nuestra derecha sigue viendo en la fórmula federal el medio de romper la unidad nacional, la destrucción del Estado y la palanca de lanzamiento o la plataforma de despegue del independentismo secesionista de vascos y catalanes. Con tal creencia, el Partido Popular se niega rotundamente a la reforma del Senado y arrecia en sus ataques contra las de los estatutos de País Vasco y Cataluña por considerarlas incursas en ese federalismo que detesta. En fin, el sentido práctico de los ciudadanos se interroga sobre las ventajas que tendría el cambio del modelo autonómico actual por el federalista y si no será peor el remedio que la enfermedad. Intentaré responder a estas cuestiones comenzando por esclarecer qué ha de entenderse, hoy y en España, por un proyecto federal.
El federalismo, como idea y práctica, es la tendencia natural de la historia humana a trenzar alianzas, primero pasajeras (confederación), y luego estables (Estados federales) entre ciudades, reinos, pueblos o Estado por intereses comunes y proyectos compartidos, creando así unidades políticas y territoriales más amplias. Es un movimiento centrípeto de unión, más o menos pacífico y voluntario, basado en un pacto (foedus) constitucional, que se opone al imperialismo como forma forzada de crear vastas zonas de influencia o poder estatal. Europa, tras el antiguo imperialismo de sus Estados nacionales (España, Francia, Inglaterra, Alemania), vive hoy en confederación como fase previa a un Estado Federal. España tiene ya, de hecho, ese tipo de estado, aunque, formalmente, no se denomine así. Lo característico de él es la distribución descentralizada del poder estatal en unidades menores pero no inferiores, que gozan de autogobierno y participan, a través de un Senado, en la política general del Estado común. Ese era el proyecto primitivo que los socialistas catalanes, con el apoyo del PSOE, tenían para la Constitución de 1978 y que la derecha española y catalana impidieron a medias: se aceptó el autogobierno de las nacionalidades y regiones, pero no se las dejó participar en la política común. Paradójicamente, se instauró un “separatismo” desde el centro y se condenó a esos “trozos” estatales a sus “asuntos propios”, reduciendo su espíritu solidario, fomentando sus aspiraciones centrífugas.
Por eso, hoy, el PP sigue confundiendo el federalismo, que es centrípeto y unitario, con el centrífugo nacionalismo vasco y catalán, porque la demanda de mayor autogobierno (simple expresión de más democracia de base) le parece mengua del poder central y paso previo a prescindir totalmente de él.
La Constitución creó, como digo, un Estado federal, pero incompleto por falta de esa segunda cámara o Senado, típica del federalismo estatal. Pero es importante recordar que, a diferencia de otros países, la creación no se produjo de abajo arriba, sino al revés; es decir, se partió de un Estado unitario preexistente y dotó a sus partes de autogobierno. Justo lo contrario del proceso clásico, que parte de unidades autónomas y soberanas previas, que conservan ciertas competencias y delegan las demás en la nueva unidad que se ha convenido formar. En España, lo urgente, por democrático, era descentralizar el poder político, empezar por la base. Ahora se precisa llegar a la cumbre integradora de la base plural. Falta el Senado y una redistribución de las competencias autonómicas más definida y garantizada para ser un estado federal completo, sin necesidad de alterar un sistema que ya funciona básicamente como tal. Frente a los denuestos del PP hay que preguntarle: ¿Se quiere más afán integrador y solidario, mayor unidad del Estado en su pluralidad democrática de autogobierno, mejor encaje mutuo y convivencia de poblaciones con personalidad propia, que se unen para hacer aún más efectivo y útil su autogobierno mediante unos servicios comunes? Este federalismo es la solución para no recaer en dos sistemas ya superados por el progreso moral humano: el gran Estado mononacional centralizado y oligárquico del siglo xix (antidemocrático) o la antigua confederación, en siglos anteriores, de estados pequeños, débiles e inseguros, que sólo en la unión federal estable alcanzaron la grandeza, fuerza y seguridad que, como paso previo, buscaban al aliarse.
No es preciso, pues, crear ex novo un Estado federal en España ni que se le dé ese nombre oficialmente para que el actual funcione federalmente tras las reformas jurídicas propuestas y otras que las complementen por pura coherencia estructural. Las reformas de los estatutos autonómicos pueden redistribuir las competencias estatales sin perjuicio del Estado porque las comunidades son Estado y el criterio federalista de subsidiaridad permite asignar a cada órgano de gobierno lo que es más conveniente para su mejor ejercicio. No sería poca ventaja para la paz del País Vasco y la política social del gobierno catalán el que la cesión de nuevas competencias y la integración en la política general del Estado creara una inédita sensación de libre asociación en él como la que postula el proyecto Ibarretxe; el cual permite una lectura federalista y no únicamente confederal-​secesionista, que es la aireada por el nacionalismo español más rancio. En Cataluña, pese al “escándalo Carod”, el partido independentista ha reconocido que la vigencia de su ideal depende de la capacidad que los partidos españoles (en especial, el socialista) tengan de federalizar el Estado español. Su rechazo no es para éste o para España, sino para el régimen imperante, que no responde aún plenamente al talante federal, a ese cuidadoso equilibrio entre el derecho al máximo autogobierno que deseen los estados-​miembro y la libre voluntad de participar en el depósito común aportado por todos ellos para lograr más fruto del que conserva cada uno. Hoy ningún pueblo tiene independencia ni soberanía, ni un Estado propio se las asegura, frente a las grandes potencias y sus intereses económicos multinacionales. Pero el federalismo crea estados, no tanto propios por ser mononacionales, como apropiados y apropiables para y por los ciudadanos porque tiende a la unión que hace la fuerza frente a los poderosos imperios del dinero y la guerra y no fuerza a nadie a renunciar a lo propio intransferible y, como derecho humano, inviolable.

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