Discutir una ley es más fácil que leerla

Lorenzo Gomis
Director de El Ciervo
Discutir una ley es más fácil que leerla. Ahora mismo se está discutiendo apasionadamente el Estatut que el Parlament de Cataluña ha enviado al Congreso de los Diputados y que se ha admitido a trámite y el proyecto de Ley Orgánica de la Educación (la LOE), que está también en trámite. Pero ¿cuántos han leído tales proyectos?
El diputado aragonesista Labordeta, al anunciar en el Congreso que iba a votar que sí a la admisión a trámite del Estatut, se lamentó con un poco de sorna de su extensión y complejidad, que le habían llevado dos tardes enteras para leerlo. A mí me llevó leer la traducción “oficial y provisional” que trajo La Vanguardia una tarde y parte de la noche y he de reconocer que al final practicaba una lectura rápida que honradamente me impediría hacer un juicio razonado y completo.
Se supone que todos los diputados a los que se pidió que votaran sí o no a tal admisión a trámite, que tampoco comprometía tanto respecto al texto (que en definitiva se tendría que votar en su momento, tras las negociaciones y enmiendas), habían leído el proyecto, como se supone que es su obligación. Pero ¿cuántos se limitarían acaso a votar de acuerdo con la explicación de su portavoz?
Ni siquiera es seguro que cada uno de los parlamentarios catalanes que por abrumadora mayoría, próxima del noventa por ciento, votaron el proyecto con entusiasmo lo hubiera leído personal y atentamente y pudiera resistir un examen riguroso sobre su contenido. Mucho menos los ciudadanos corrientes. Una amiga me dijo que se detuvo al principio, cuando vio con satisfacción que definía Cataluña como una nación. Con esto tenía bastante. Es uno de los puntos que más revuelo han armado fuera de Cataluña.
Legalmente, Cataluña era una región autónoma en 1932, fue una nacionalidad en 1979 y sería una nación si se aprobaba el proyecto. Maragall ha argumentado que había tres nacionalidades cuando se aprobó la Constitución de 1978, pero los estatutos han aumentado cuatro más y ahora hay siete. Por este camino dentro de un tiempo quizá hubiera diecisiete naciones y España sería efectivamente una nación de naciones.
Yo diría que, a juzgar por las encuestas que se han publicado, donde menos apasiona la cuestión parece ser en la misma Cataluña. Un sondeo que se hizo público cuando empezaba a redactarse el proyecto o un poco antes decía que muchos catalanes piensan en efecto que Cataluña es una nación, pero que eran más todavía los que pensaban que era una autonomía como las demás. Y ahora, después de aprobado el proyecto por una gran mayoría en el Parlament, otro sondeo dice que los que están contentos con la definición son muchos más que los descontentos con ella, pero que todavía son menos que los que responden que “les da igual”. Claro que además hay conceptos de nación a gusto de todos y los menos favorables a su inclusión en el texto siempre podrían acogerse a la definición que daba el Diccionario de Autoridades de la Real Academia en 1732: “La colección de los habitadores en alguna Provincia, País o Reino”.
En cuanto al Estatut y por lo que a mi lectura respecta, no me atrevería a dar más que una impresión. Me gustó algo menos de lo que esperaba. Me pareció largo, detallado. ¡En cuántas cosas podría intervenir la Generalitat! Me tranquiliza ahora, medio mes después, leer que el presidente Maragall declara que comprende que “es larguísimo, pesado e incluso ofensivo o antipático”.
Lo que menos me gustó fue el tono del preámbulo y así me atreví a comentarlo con un amigo, profesor de Derecho Constitucional, que trató de relativizar mi inquietud. Ahora, mediado noviembre, leo que Antoni Puigvert, comentarista en general afín al gobierno catalán, escribe que el texto estatutario es “ambiguo y reticente” y que antes de que la propuesta catalana se discuta formalmente “es imprescindible que el Parlament reescriba el preámbulo: confirmando que el catalanismo, como sugería Jordi Pujol en su artículo de ABC, es otra manera de entender el patriotismo español, y no una manera de alejarse de España”.
Es de esperar, en definitiva, que el Estatut salga del Congreso, con ayuda del sentido común –en catalán seny– de todos, perfeccionado y que el proceso sirva también de puerta para mejorar los demás estatutos de autonomía. Y que por esta vía España llegue a ser un Estado federal más, como hay tantos y tan importantes en el mundo.
Tampoco sé cuántos manifestantes contra la LOE habían leído el proyecto de ley orgánica de educación y cuántos lo han leído también entre los que piden que se retire el proyecto o entre los que se manifestaron pidiendo que se modificara en sentido contrario a la gran manifestación madrileña. La relatividad de estas contiendas queda ilustrada con la relatividad de las cifras que se dan de algo tan a la vista y cuantificable, desde los dos millones de la organización hasta los 375.000 de El País: depende de cuántas personas se viera en cada metro cuadrado y cuántos metros cuadrados de recorrido se contaran.
En lo que casi todo el mundo está de acuerdo es en que entre nosotros cambian demasiado las leyes de educación y cada partido quiere derogar la que puso el otro. Casi todo el mundo dice también que lo mejor sería lograr un acuerdo general para una ley que durara y que diera un marco razonable al proceso educativo. Pero para eso parece que lo más práctico sería empezar por leer este proyecto con mirada serena y ver cómo podría llegar a ser aceptable para todos finalmente. Por eso invitamos hoy a los lectores a participar en uno de nuestros “juegos de saber lo que se piensa”. ¿Qué pensamos de la LOE? ¿Qué nos parece bien y qué mal? Y por eso empezamos por poner una pregunta que viene a ser una condición: ¿Ha leído usted la LOE? Quizá no llegue a condición. Los que no la hayan leído pueden opinar también, como es costumbre, pero reconociendo antes que no la han leído.

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