Casi insoluble

J. A. González Casanova. Catedrático de Derecho Constitucional
Vivimos, vía Canarias, un problema casi insoluble. Continuas olas inmigratorias llenan ya los centros de acogida, pero obligan, por respeto a los derechos humanos, a una atención que no cuenta aún con medios suficientes, pese a las abnegadas ONG y al enorme gasto estatal que debe efectuarse hasta la necesaria repatriación. Aunque España ha concertado acuerdos para disuadir llegadas de ilegales, muchos inmigrantes ocultan su origen. Los Estados africanos, en su mayoría dictaduras corruptas, se aprovechan de un victimismo justificado por el expolio europeo sufrido para exigir inversiones que después no sirven para mejorar el nivel de vida de su población. Prefieren lucrarse de las divisas individuales y de paso reducen el peso demográfico y sus conflictos. El problema afecta claramente a todo el ámbito de Europa, pero España no cuenta con una solidaridad efectiva. La Comisión no tiene competencias en materia de asilo y control de fronteras, regulables sólo por unanimidad de los Veinticinco, algunos poco interesados en algo que no les atañe directa y gravemente. De momento a España sólo le cabe ampliar su oferta de trabajo para lograr la cooperación africana y no recibir más personas que las estipuladas contractualmente, en la confianza de que los acuerdos se cumplan mientras Europa aumenta sus inversiones en África y las controla frente a sus gobiernos. El problema sólo se solucionaría con un mayor impulso democratizador que la embrionaria Unión Europea, como en tantos otros asuntos intercontinentales, se halla todavía muy lejos de poder dar de forma unitaria y contundente.

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