Es lenta, y no se vislumbran mejoras

Rafael Lillo García
Abogado
Resulta evidente que cuando alguien se dirige a los tribunales en demanda de justicia desearía que su problema o agravio fuera resuelto en el acto, igual que cuando alguien que sufre dolores y acude al médico ansía ver suprimido de inmediato su dolor. La pretensión de supresión inmediata del dolor difícilmente se verá satisfecha, aunque en ocasiones la reacción favorable del cuerpo al tratamiento administrado pueda ser muy rápida. Pero en ningún caso la petición de justicia tendrá un solución inmediata ni siquiera muy corta pues será necesario el transcurso de un período de tiempo, de más o menos duración, consecuencia de la existencia de unos plazos que por imperativo legal y para salvaguarda de los derechos de las partes han de ser observados.
Cuando hablamos de que la justicia es lenta no nos referimos a este inevitable transcurso de los plazos procesales, sino a todo el tiempo de más o extra que debe transcurrir sobre dichos plazos para que podamos obtener una resolución judicial. Incluso podríamos, siendo indulgentes con la Administración de Justicia, hablar de lentitud de la justicia sólo en los supuestos en los que habiendo transcurrido los plazos legales se han producido pequeñas dilaciones que podríamos denominar “veniales”, que entrarían dentro de lo admisible y tolerable y que podrían atribuirse, en algunos casos, a la gran complejidad del asunto a resolver o a una baja temporal del juez.
La lentitud a la que nos referimos es la de carácter extraordinario, la que supera ampliamente los períodos procesales y los retrasos tolerables y la que provoca una reacción en el que la sufre similar al trastorno mental transitorio que pudiera incrementar los delitos, al menos, contra la vida, la integridad física y el honor, pero que milagrosamente solo lo hace en contadas ocasiones.
Centrado el concepto de justicia lenta, paso a referir un caso vivido y sufrido en mi ejercicio profesional en el ámbito contencioso-​administrativo. Se trataba de una expropiación forzosa llevada a cabo por un ayuntamiento para la apertura de una avenida en cuya relación de bienes y derechos objeto de la expropiación no se habían incluido determinadas parcelas de mis clientes, los cuales tras ver desestimada en vía administrativa su pretensión se vieron obligados a interponer recurso contencioso-​administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma en los primeros meses de 1999. Se dictó sentencia estimatoria en septiembre de 2002, reconociendo el derecho de los recurrentes a que se les expropiaran sus parcelas.
Ante la pasividad del ayuntamiento condenado hubo que instar la ejecución, iniciándose un expediente complementario de expropiación y ante la valoración casi ofensiva ofrecida por el ayuntamiento a los recurrentes hubo que acudir al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que dictó resolución en noviembre de 2005 estimando casi íntegramente la valoración de mis clientes.
Hoy, casi cuatro años después de obtener una sentencia favorable siguen sin haber percibido el justiprecio, con el agravante de que el tribunal sentenciador consideró ejecutada la sentencia cuando el ayuntamiento recurrido inició el expediente complementario de expropiación, a pesar de que los recurrentes no habían sido indemnizados ni lo han sido todavía.
Este no es un caso aislado, ¡ójala lo fuera!, y provoca tanto en los que demandan justicia como en los profesionales que les defendemos una profunda desazón, ya que como expresa el viejo aforismo “Justicia tardía justicia baldía”, y el panorama que se vislumbra no hace prever que exista una firme intención de cambiar las cosas.

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