La prisión provisional

Eduard Ibáñez
Abogado
Señoría:

Le escribo para pedirle que sume su voz contra una práctica habitual de nuestra justicia penal consistente en encarcelar a inocentes. No me refiero a aquellos casos en que nuestros tribunales, después de un juicio, cometen el terrible error de condenar a alguien por un hecho que no ha cometido. Esto es algo con lo que debemos contar mientras consideremos necesario castigar los delitos, puesto que el error humano siempre es posible. Lo único que podemos hacer al respecto es ser cada vez más exigentes y establecer más controles para que estos errores se reduzcan al mínimo.
A lo que me refiero aquí, como usted sabe perfectamente, es a la autorización que concede la ley española (y, por desgracia, casi todas las legislaciones del mundo) para encarcelar a una persona (“prisión provisional”) antes de celebrar el juicio, a pesar de que no existan pruebas contra ella, a pesar de que deba presumirse su inocencia mientras no se pruebe lo contrario.

La condena de un inocente
No hace falta que le diga que este es uno de los principios más esenciales y hasta sagrados de una justicia penal que respete la libertad: no castigar a nadie mientras no se haya determinado que es culpable de un delito, pues podríamos castigar a un inocente. El principio de presunción de inocencia, proclamado ya en el siglo xviii por los más grandes pensadores ilustrados, responde al más elemental sentido de la justicia: es preferible la impunidad de un culpable que la injusta condena de un inocente. Sobretodo cuando la condena implica la privación del bien más preciado: la libertad. Para evitarlo, la ciencia jurídica de los países democráticos establece desde entonces que el castigo sólo se imponga después de un juicio justo, donde el acusado haya podido defenderse, cuando el tribunal tenga pruebas para creer que es culpable.
Sin embargo, a pesar de la claridad de este principio, las leyes permiten a los jueces encarcelar a sospechosos antes del juicio con mil pretextos, que presuponen la culpabilidad o, peor aún, sacrifican conscientemente ciudadanos inocentes a favor hipotéticos beneficios colectivos: evitar que el acusado se fugue, oculte pruebas o reincida, forzarlo a confesar o delatar, acallar la “alarma social”, mostrar la ejemplaridad de la justicia.
Además, la opinión pública, mal informada y alentada a menudo por periodistas y políticos, se indigna cuando se libera a cualquier sospechoso, sobre todo si tiene antecedentes: “¡Entran por una puerta y salen por la otra!”, se exclama.
No es de extrañar pues que los jueces tiendan a encarcelar a todos los sospechosos de delitos graves o con antecedentes. Cada día se encierra a miles de personas en todo el mundo sin juicio, por una acusación más o menos fundada. A fecha de 8 de septiembre de 2006 había en España nada menos que 15.361 personas en prisión “provisional”.
Pero claro, muchos de ellos, después de pasar semanas, meses o años en la cárcel (en España se admiten hasta ¡cuatro años de prisión provisional!), son finalmente absueltos por ser inocentes o porque no hay suficientes pruebas o porque su acción no era delito o porque no se les podía culpar. Algunos estudios hechos en países europeos cifran en un 50 y hasta un 60 por ciento las absoluciones. Cada día hay ejemplos en los medios de comunicación. Si ya hay errores después de un juicio, ¡cómo no va a haberlos cuando se encarcela sin ni siquiera celebrarlo!
Lo cierto es que, por muchas indemnizaciones que se paguen, no existe forma humana de reparar el daño causado a un inocente al encarcelarlo injustamente, con el terrible perjuicio psicológico sufrido y el deshonor de haber pisado la cárcel.
Además, bien sabe usted que cuando se encarcela a un acusado antes del juicio se le dificulta gravemente su defensa y se manda un mensaje subliminal al tribunal que debe juzgar: “Si llega esposado, ¡será que es culpable!” A veces incluso se condena sin suficiente prueba porque resultaría escandaloso absolver después de tanto tiempo de prisión. ¿Cuántas condenas de inocentes se habrán producido precisamente por influencia de la prisión provisional?
Por todo ello, insignes pensadores protestan inútilmente desde hace siglos contra esta práctica: Hobbes (siglo xvii) afirmaba que la prisión provisional no es una pena, sino “un acto hostil” contra el ciudadano, “como cualquier otro daño que se le obliga a soportar a un hombre al encadenarlo antes que su causa sea escuchada” y para Voltaire (siglo xviii), “la forma como se arresta cautelarmente a un hombre en muchos estados se parece demasiado a un asalto de bandoleros”. Muchos otros denunciaron la “atrocidad”, la “barbarie”, la “injusticia” y la “inmoralidad” de la prisión provisional. A fines del siglo xix, Concepción Arenal, se lamentaba de que “imponer a un hombre una pena tan grande como es la privación de libertad, una mancha en su honra como es haber estado en la cárcel, y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa que dista mucho de la justicia”. “Si se escribiese la historia de las víctimas de la prisión preventiva se leería en ella una de las más temibles acusaciones contra la sociedad”.

La culpabilidad debe ser evidente
Hay pues que terminar con esta práctica, si queremos una justicia racional. Porque, dígame, señoría, cuando un juez encierra a un inocente, ¿en qué se diferencia esto de un vulgar secuestro?
Yo entiendo que en algunos casos deba detenerse a un sospechoso durante unas horas o unos pocos días para investigar un delito o recoger las pruebas. Pero más allá de esto, no encarcelemos a nadie antes del juicio, a menos que la culpabilidad sea absolutamente evidente y el delito muy grave. Y si existen pruebas tan evidentes, no hay ninguna razón justa que impida celebrar inmediatamente o en muy poco tiempo el necesario juicio. Fuera de los casos citados, el acusado debe seguir libre mientras no se demuestre su culpabilidad en un juicio justo. Hasta que esto no sea así, Señoría, su libertad y la mía, la libertad de todos los inocentes, corre un grave peligro.

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