La difícil situación de la construcción en España

Pere Escorsa
Catedrático de Economía de la Universitat Politècnica de Catalunya
En los últimos años la construcción está viviendo una situación excepcional. ¿Tiene lógica que en España se construyan más viviendas –800.000 en el 2005– que en Alemania, Francia y el Reino Unido juntas? Cuesta comprenderlo. Las grandes constructoras han acumulado enormes beneficios, les sobra el dinero y lo invierten en otros negocios. ACS se ha hecho con el 40 por ciento de Unión Fenosa y, últimamente, con el 10 por ciento de Iberdrola. Acciona ha comprado el 10 por ciento de Endesa y quiere seguir aumentando su participación. Sacyr Vallehermoso posee ya el 17 por ciento de Repsol, superando a La Caixa como principal accionista. Ferrovial ha comprado el 5 por ciento de Indra.
En el sector ha surgido de la nada una pléyade de nuevas empresas promotoras-​constructoras que, curiosamente, no deben sus ganancias a la construcción en sí sino a la compra y transformación del suelo. Con ligeras variantes el ciclo se repite: compra de suelo rústico a buen precio, recalificación o reclasificación a suelo urbanizable por las autoridades municipales con lo que su precio se puede multiplicar a veces hasta por mil y obtención de licencias para construir viviendas. En principio este proceso puede realizarse sin infringir las leyes. Entonces todo el mundo está satisfecho: se crean nuevos puestos de trabajo y nuevas viviendas, el ayuntamiento aumenta sus ingresos y la población prospera. Incluso algún promotor ha sido condecorado con la Medalla al Mérito en el Trabajo.
Pero a menudo algunos intentan aprovecharse del proceso en beneficio propio, y comienzan los comportamientos delictivos, especialmente la prevaricación –cuando el funcionario dicta intencionadamente una resolución injusta– y el cohecho –aceptación del soborno – , que se manifiestan en múltiples ocasiones: alteraciones de los concursos públicos, obtención de recalificaciones, concesiones ilegales de licencias o tolerancia ante las infracciones medioambientales. Al parecer, sólo en Marbella los constructores han pagado 30 millones de euros a miembros del Ayuntamiento en los dos últimos años. Estas irregularidades inducen, además, al blanqueo de dinero.
Los escándalos están proliferando en toda la geografía española. En Telde, Gran Canaria, se han pagado comisiones por valor del 20 por ciento de las obras adjudicadas por el Ayuntamiento. En Seseña, Toledo, el promotor compró suelo para construir 13.500 viviendas pocos días antes de su recalificación. En Vila Joiosa, Alicante, se recalifica suelo para pasar de 25.000 habitantes a 140.000 en poco tiempo. Fácilmente podrían citarse docenas de casos adicionales que están siendo investigados. Se estima que el 20 por ciento del total de los billetes de 500 euros emitidos en toda Europa circulan por Madrid, la Costa del Sol y Levante, lo que da idea de la magnitud del fenómeno. Incluso la ONU ha alertado sobre el colosal desenfreno de la corrupción urbanística en España.
Mientras tanto, los obreros de la construcción trabajan a buen ritmo. Cobran salarios no despreciables aunque la fuerte presencia de inmigrantes –marroquíes y ecuatorianos principalmente– contribuye a la moderación salarial. Sin embargo, no podrán acceder a viviendas en propiedad ya que sus precios están por las nubes. Tampoco puede hacerlo entre un 20 y un 25 por ciento de la población española que no dispone todavía de una vivienda digna. Y buena parte de los que lo están consiguiendo están hipotecados de por vida. La situación es paradójica: el país que más construye se muestra incapaz de proporcionar una casa decente a buena parte de sus habitantes. Otra incongruencia: se han censado tres millones de viviendas vacías, un 14,8 por ciento de las viviendas del país.
¿Tiene remedio este caos? Hay un consenso en que la solución pasa por una reducción del poder de los municipios para recalificar el suelo, por un mayor control por parte de las administraciones competentes y los ciudadanos y por la asignación de mayores recursos para perseguir los delitos urbanísticos. En este sentido, la nueva Ley del Suelo, actualmente en trámite, contempla un nuevo régimen de valoraciones que tenga en cuenta la situación real en el momento de tasar los precios del suelo. Prevé también la reserva de un 25 por ciento del suelo, como mínimo, para viviendas protegidas.
Pero tal vez exista una solución mejor. En España queda todavía mucho suelo rústico. ¿Por qué no lo recalificamos todo de una vez, lo llenamos de cemento y nos repartimos las plusvalías? Problema resuelto.

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