España, una imposible comunidad de memoria

Josep M. Margenat
Una compartida comunidad de memoria en España no es posible más que como lo que el filósofo Jürgen Habermas ha llamado para Alemania “patriotismo constitucional”. Todo el debate desencadenado por la acción de Garzón de abrir fosas de fusilados o asesinados en la guerra incivil o durante la cruenta represión de posguerra ha vuelto a mostrar la difícil reconstrucción de la memoria en España. Sigue costando hablar de este tema sin que te encasillen partidistamente en uno u otro bando. La tercera España lo tuvo difícil en 1931, en 1936 y en 1939 y parece que, salvo un breve período que podríamos delimitar entre 1973 (campaña de firmas de Justicia y Paz por la amnistía y colapso del tardofranquismo) y 1986 (referéndum de la OTAN), no ha tenido muchas posibilidades de asentarse pacíficamente. También ahora lo tenemos difícil, pero hemos de seguir intentando proponer lo posible y lo deseable.
Creo que es razonable que los deudos de quienes fueron fusilados o encarcelados en la guerra o en la posguerra quieran saber qué ocurrió y cómo pasó. Nuestra identidad se basa en narraciones que dan o buscan sentido. Yo también fui de niño a la fosa de Santa Elena en Montjuïc (Barcelona) a conocer el lugar donde mi padre estuvo encarcelado durante la guerra y donde fueron fusilados prisioneros de las fuerzas republicanas y luego sería también fusilado el presidente de la Generalitat, Lluís Companys.
Años más tarde fui a Astorga, en cuyo campo de prisioneros del cuartel de artillería de Santocildes (Astorga) estuvo mi abuelo socialista entre 1938 y 1941. Ésta no es una experiencia insólita. Es muy común en familias españolas el entrecruzamiento de bandos enfrentados en la guerra. No sabemos si somos herederos de los vencidos o de los vencedores, aunque todos salieron de aquella incivil guerra derrotados. Esta es la memoria, la que ahora se quiere recuperar; es lógico y respetable. Una de las memorias, ahora ignorada o silenciada, jugó todas sus bazas durante 40 años; la otra reprimida u ocultada entonces se ha ido abriendo paso despacio, aunque ahora estalla de manera poco convincente. Corresponde a las familias, hoy ya casi sólo a los nietos de la guerra, y a las demás comunidades de memoria su recuperación.
Pero corresponde a los historiadores y a la comunidad científica seguir investigando la verdad de lo ocurrido, seguir aproximándonos a la realidad de los hechos y a la búsqueda de interpretaciones críticamente explicitadas. Esa verdad debe ser construida por quienes tienen los métodos y los criterios de control para ello: los científicos sociales, especialmente los historiadores. También estos contribuyen a la memoria, pero su objetivo es el debate de interpretaciones tras la búsqueda de documentos de todo tipo, analizados y contrastados críticamente. Memoria de las comunidades e historia de los científicos son dos ámbitos diferentes. El tercero es la versión oficial de los hechos. Aquí es donde surge el principal problema. No es aceptable que desde el poder se quiera imponer, ni siquiera proponer, una versión oficial de lo acaecido. Hay que ser claros en este punto. En una sociedad abierta y democrática el poder no puede imponer su verdad pues se desliza hacia un totalitarismo interpretativo, convirtiendo a los que discrepen en víctimas, en resistentes, incluso en héroes, y el poder deviene órgano de control cultural. Puesto que en su momento me manifesté a favor de mantener la moratoria en las posibles beatificaciones de la guerra, me siento más libre para decir esto ahora. Fue un error acelerar los procesos de canonización que Juan XXIII y Pablo VI habían parado. No porque no hubiese habido testimonios dignos de admiración de cristianos que murieron confesando su amor, su perdón y su fe en Dios, sino porque también aquellas beatificaciones reabrían heridas de una parte y no cerraban las otras. No podemos ignorar que llevamos más de veinte años de una recuperación parcial y unilateral de la memoria. No debió empezarse aquello, independientemente de nuestro asentimiento a la decisión romana y de la estima posible de aquellos mártires o víctimas injustas.
Por lo mismo afirmo ahora que el intento de algunos sectores mediáticos del entorno del poder, de ciertos partidos de la izquierda y de protagonismos fáciles e inconsistentes de algunos jueces es un error. Dejen a los historiadores la historia y apártese el poder de la proposición de “su” verdad. Da miedo que el poder, sean quienes sean sus detentadores y de la naturaleza que sea, tenga “una” verdad. Esto es lo que ha pedido en Blois los historiadores del colectivo Libertad para la Historia en la Unión Europea, firmado entre otros por Carlo Ginzburg, Eric Hobsbawm y Jacques Le Goff.
La asociación, surgida en 2005 bajo la presidencia del historiador católico René Rémond y presidida ahora por Pierre Nora, se manifiesta en contra de legislar sobre la historia. Los poderes públicos no deben criminalizar las opiniones ni moralizar el pasado estableciendo lo que es bueno y lo que es malo, ni fijar lo que “realmente ocurrió”. Imponer la memoria, aunque sea por procedimientos jurídicos tan pretenciosos como una nueva “causa general” pero al revés, finalmente desechada por el juez que la promovió, es un abuso contra la libertad. No tenemos otra comunidad de memoria posible que ese momento fundador de reconciliación entre todos los españoles que significó nuestra transición democrática, se pongan donde se pongan las fechas límite. La única “comunidad de memoria” posible se expresó ahora hace 30 años en la Constitución de 1978.

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