El dudoso caso contra el juez Garzón

Ángel García Fontanet
Ha habido borrasca en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo empeñada, todo lo indica, en juzgar al juez Garzón con motivo de habarse declarado competente para la apertura de un proceso para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.
La aceptación de esa competencia fue compartida por otros jueces, los cuales le remitieron los procesos iniciados en sus territorios, por idénticos delitos y, también, por tres magistrados de la Audiencia Nacional, al resolver la apelación presentada contra aquella admisión de competencia.
Se dejan al margen los procesos que, por otros hechos, se tramitan ante la misma Sala contra el citado Garzón, principalmente por ser aquella la causa más avanzada en su tramitación y por su mayor carga política.
En ella se le imputa el delito de prevaricación que consiste en dictar a sabiendas sentencia o resolución injusta o por imprudencia grave o ignorancia inexcusable siempre, en este caso, que la decisión fuese manifiestamente injusta.
Es necesario, para cometer prevaricación, que se actúe con intención de faltar deliberadamente a la justicia o incurrir en omisión culposa por negligencia inexcusable sin que baste el mero error interpretativo o de aplicación de la ley.
Se exige que esa ignorancia o negligencia ocasione el pronunciamiento de una resolución patente y manifiestamente contraria a la ley que haga que evidencie un absoluto desconocimiento de la ley y que excluya toda razonable interpretación.
¿Cabe tachar de prevaricadora la decisión de Garzón de aceptar la competencia para el inicio de una causa para la averiguación de los delitos franquistas?
Ya se ha señalado que aquella ha sido compartida por otros jueces. Y es que su conformidad a Derecho depende del criterio que se mantenga sobre diversas cuestiones de alta complejidad jurídica: calificación de aquellos delitos; alcance de la ley de Amnistía, que al ser preconstitucional permite, por el juez si se considera contraria a la Constitución, su inaplicación así como la incidencia de diversos tratados internacionales firmados por España. Por último, pero no lo último: contra el criterio del Ministerio Fiscal, representante de la legalidad, partidario del archivo de la causa.
¡Qué inmensa tristeza produce la necesidad de recordar al Tribunal Supremo ideas tan conocidas y de constante y reiterada vigencia en nuestro ordenamiento jurídico! ¿Qué ha posibilitado el presente estado de cosas?
Para más inri, el juez Varela se ha dedicado a instruir o asesorar a las acusaciones populares para que adaptasen sus escritos a la ley a fin de no quedarse sin partes acusadoras y verse obligado a archivar la causa. Este comportamiento ha motivado su recusación ya admitida a trámite, es difícil encajar esa falta de adaptación en unos defectos de carácter simplemente formal. Bien puede suceder que ese juez haya rebasado sus funciones naturales con otra de sus singulares intervenciones.
Otra circunstancia que se aprecia es el uso que Falange y Manos Limpias han hecho de la acción popular. Esta acción está prevista para la persecución de los delitos a fin de que no queden impunes. No es necesario discurrir mucho para establecer que lo que les ha movido no es evitar que una conducta prevaricadora quede sin sanción, sino que lo que les guía es su rencor y ánimo de venganza contra el juez Garzón por haberse atrevido a recordar los crímenes del franquismo.

Su conducta es abusiva y contraria a la buena fe
La animadversión con que se está actuando en el caso Garzón viene ratificada por el hecho de habérsele demorado innecesariamente el permiso para trabajar como consultor exterior de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con olvido que la suspensión no produce otro efecto que su retirada temporal del Juzgado Central que desempeñaba. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la voz de la extrema derecha judicial, opina por el contrario que al estar suspendido el permiso es improcedente. El ánimo vengativo contra Garzón y todo lo que en este caso representa, sigue vivo.
Fuentes bien informadas aseguran que la suspensión fue acordada por unanimidad con el compromiso de que el permiso le sería concedido de forma inmediata. Otra prueba, de ser así, de la manera con que es tratado el juez Garzón.
Con cierta frecuencia algunas resoluciones judiciales muestran su poca sensibilidad ante determinados cambios aprobados por el legislador.

¿Qué sucede con el Poder Judicial?
Pues que no ha sido democratizado a pesar de que los jueces según las Constitución, además de ser unos funcionarios son, también, titulares de un Poder del Estado.
El sistema de selección y de promoción de los jueces sigue siendo el tradicional desde el último tercio del siglo xix. Sus miembros siguen reclutándose, principalmente, entre personas de la misma clase social. Los jueces son independientes pero dentro de una escala de valores, que coincide con la de su origen y experiencia social. Sin contar con los efectos homogenizadores derivados de su integración en un cuerpo especial y separado, productor de aislamiento social y cultural.
No es extraño, por tanto, que pueda producirse una falta de sintonía entre los jueces, la sociedad y los otros dos poderes del Estado en los que, aunque con limitaciones, se han operado cambios democráticos de mayor calado.
Los tribunales penales juzgan, exclusivamente, acerca de si unos hechos son o no constitutivos de delito y si son atribuibles, a título de autor o de cómplice, a una determinada persona.
No constituye objeto directo de los procesos criminales la personalidad de los imputados aún en el caso de estar revestidos de la condición de juez.
La egolatría, la prepotencia, el protagonismo, la vanidad, la ambición, el exhibicionismo mediático, de concurrir, no son enjuiciables. No están tipificadas en el Código Penal y quedan, por tanto, fuera de la competencia de la justicia.
Juzgar a las personas, por sí mismas, con independencia de sus actos, es propio del derecho penal de los Estados totalitarios, concretamente, de la Alemania nazi. No es un modelo a imitar.
Esta situación ha provocado una multiplicidad de perjudicados. El juez Garzón es el primero pero no el principal. Se le ataca, según opinión de muchos, por razones personales y profesionales: envidia, celos, ánimo de venganza, resentimiento, discrepancias. También es combatido por ser el símbolo de la lucha contra la delincuencia de determinados miembros de las clases acomodadas y de defensa de las víctimas del franquismo y de las dictaduras sudamericanas.
Sin embargo, los dañados principales son el prestigio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.
Es difícil o imposible comprender las razones del juez Varela y del resto de magistrados del Tribunal para adoptar las resoluciones dirigidas a sentar en el banquillo al juez Garzón para, eventualmente ser condenado por prevaricación.
Por el contario, es fácilmente inteligible el estupor de los ciudadanos al comprobar que personas representantes de la máxima autoridad judicial se muevan o parezcan moverse por motivos distintos de aquellos a los que están sujetos: la aplicación objetiva, serena, humana y razonable del ordenamiento jurídico con olvido de toda motivación ideológica o personal, que no puede reflejarse en las resoluciones que se dicten.
Estamos ante unos acontecimientos graves y lamentables pero que como todos los negativos, tienen una virtud: poner encima de la mesa un estado de cosas que ha de ser reformado. Con urgencia. Se plantean, entre otros, estos interrogantes: ¿qué ha de cambiarse para que personas, como los jueces implicados, que, parece, viven en un mundo desconectado de la realidad social y política nacida de la Constitución, alcancen la máxima magistratura y permanezcan en ella hasta su jubilación?
¿No es necesario un nuevo régimen de selección y promoción de jueces, vistos los resultados del actual, que garantice su mayor democratización, como sucede, guardando las distancias correspondientes, con los componentes del resto de los Poderes del Estado? El actual, en el fondo, sigue siendo demasiado parecido al de la etapa franquista, lo que ha cambiado es que, antes, los “conseguidores” eran el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo, y, ahora, lo son los sindicatos judiciales y el Consejo General del Poder Judicial.
¿Qué sistema es obligado introducir para exigir responsabilidad a los jueces que actúen de manera racionalmente inexplicable? El vigente, por corporativista, no sirve.
Una respuesta positiva a estas cuestiones sería una buena noticia pero no existen, según enseña la experiencia, demasiadas probabilidades que las reformas radicales que se precisan sean adoptadas. Todo parece indicar que una vez superada la tormenta regrese el anticiclón del inmovilismo; y así hasta la próxima.

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